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Se realizarán por la ley que creó la denominada “Tarifa de Residencia Provincial”. Variarán entre el 1,5% y el 500%, y la mayor suba estará asociada al alumbrado público. En los próximos días el pedido ingresará al Concejo Deliberante para su aprobación, aunque no sería tratado en doble lectura y audiencia pública, sino como una adhesión a la ley provincial que ya estableció la legitimidad del aumento.

La Legislatura sancionó en diciembre pasado con fuerza de ley el acuerdo para la sustentabilidad de los servicios públicos, que la Municipalidad de Comodoro había rubricado junto a otras ocho ciudades de Chubut en junio de ese año y dio marco al fondo de sustentabilidad que ya se aplica en el ejido. Ese mismo acuerdo determina establecer una “Tarifa de Referencia Provincial” que unifique precios en todo el territorio y en el único ítem que la ciudad es más “cara” que el resto es en el agua, con lo que ese valor de referencia apareja una suba en las demás prestaciones.

Los aumentos variarán entre el 1,5% y el 500%, de acuerdo al ítem o servicio a computar, y la mayor suba estará asociada al alumbrado público, donde la ciudad tiene la tarifa más baja de toda la provincia. A modo de guía, pueden tomarse los valores que el Consejo Consultivo Provincial (creado a efectos de este acuerdo) emitió durante 2014 y que consignaba por este servicio una tarifa de $4,50 pesos en Comodoro, menos de un tercio de lo puesto al cobro en Rawson con 15,5 pesos. En Trelew se pagaban 14,8 pesos por tal concepto, 12 pesos en Esquel, 10 pesos en Madryn y 8 en Río Mayo.

Al tratarse de una “Tarifa de Referencia” en una provincia con todas sus cooperativas atravesando déficits y trastornos financieros, la lógica apunta que las comunas ajustarán sus números a los valores más elevados aplicables a cada caso y no que bajarán, y a ello se asocian los aumentos.

Fuentes de la SCPL consultadas por Diario Patagónico confirmaron los porcentuales de incrementos señalados, indicando que esa tarifa de referencia ya fue establecida y está próxima a elevarse al Concejo Deliberante para su aprobación, aunque es de destacar que a pesar de tratarse de un aumento tarifario, este no sería tratado en doble lectura y audiencia pública, sino como una adhesión a la ley provincial que ya estableció la legitimidad del aumento.

EL CONTEXTO LEGAL

El marco legal para este aumento, autorizado más allá de la adhesión de la Provincia al Plan Nacional de Convergencia de Tarifas Eléctricas, que congeló tarifas a diciembre de 2011, es la ley provincial 1.539, promulgada el 3 de diciembre último.

La norma consolida el fondo de sustentabilidad o fondo de emergencia operativa que en Comodoro se aplicaba por ordenanza desde seis meses antes de esta sanción ya que se aprobó en junio de ese 2014, previendo su aplicación por un año.

Si bien este punto no afecta en absoluto el esquema tarifario de aplicación actual, en su clausula tercera ese convenio devenido en ley determina que el Consejo Consultivo “arbitrará los medios más idóneos para realizar los Estudios de Costos que permitan establecer un esquema de Tarifa de Referencia Provincial, que esté sustentado en costos razonables, comparados con empresa similares en el ámbito nacional”.

Para ello, las cooperativas se comprometieron a remitir la información para la realización a nivel provincial los estudios tendientes a establecer los costos actuales del Valor Agregado de Distribución en los términos que solicita el acuerdo nacional (marco del congelamiento), cuyo objeto es establecer tarifas regionales conforme los costos reales de prestación. Además, y para el efectivo control, se estableció la conformación de un Ente Regulador de los Servicios Públicos de carácter provincial (aún no conformado).

Sin embargo, en su artículo 4°, el mismo convenio “ley”, dispone que “temporalmente y hasta tanto se completen los estudios de costos citados”, el Consejo Consultivo arbitrará los medios para “actualizar la Tarifa de Referencia Provincial” (que fuera acordada en febrero de 2012) con los índices de costos oficiales vigentes, y que “se coordinará con cada una de las jurisdicciones la puesta en marcha de un esquema de Tarifa de Referencia Provincial” tendiendo a que las tarifas tengan “uniformidad” y “cubran como mínimo los costos operativos de las prestatarias y respondan en forma progresiva a costos en niveles razonables de eficiencia”.

“Las tarifas de referencias se ajustarán periódicamente conforme a índices representativos de los costos” dispone finalmente esa cláusula.

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