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La iniciativa elaborada los concejales del FPV,  Luis Zaffaroni y Sonia Pereyra, con el acompañamiento de la concejal Viviana Almirón de ChuSoTo,  se encuadra dentro de la Ley Nacional N°26.651 del año 2010. La misma establece la obligatoriedad de utilizar el mapa bicontinental en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, como así también su exhibición pública en todos los organismos nacionales y provinciales, confeccionado por el Instituto Geográfico Nacional.

El edil manifestó  “el Sector Antártico se reflejaba en un triangulo al costado en el mapa de Argentina que se promovía hasta el año 2010, limitando así, la real apreciación del continente con respecto al sector continental e insular.”

Así mismo comentó “el mapa bicontinental es importante para tomar conciencia de lo que nos pertenece, es la representación oficial del territorio argentino, reforzando nuestra soberanía sobre Malvinas como única e irrenunciable”. De esta forma, el mapa bicontinental refuerza la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional argentino proclamados en la Constitución Nacional.

El rol protagónico de Comodoro Rivadavia

Las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur «son argentinas», perteneciendo a nuestra Patagonia por su proximidad al continente y porque la composición geológica hace de su suelo gredoso una prolongación de la meseta patagónica. Por otra parte la Ordenanza destaca el rol protagónico que ejerció Comodoro Rivadavia desde el punto de vista estratégico, por su ubicación geográfica y su infraestructura durante la Guerra de Malvinas.

La normativa presentada propone que el Poder Ejecutivo y Legislativo realice campañas de concientización ciudadana sobre la trascendencia histórica, política, científica y geográfica del Sector Antártico Argentino. Además solicita a la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut sancione una Ley para que todos los organismos públicos y, en particular, los establecimientos educativos provinciales, adhieran a la misma.

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