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Dirigentes del Pach y del Frente Progresista presentaron ayer en el Concejo Deliberante un pedido de desafuero y posterior juicio político al intendente Néstor Di Pierro y al concejal Juan Pablo Luque, presidente del bloque del Frente para la Victoria. Tiene que ver con la causa que lleva adelante la jueza federal Eva Parcio por presunto lavado de dinero, que involucraría al propio jefe comunal y a otros funcionarios, y en cuyo marco se han efectuado allanamientos en la Municipalidad y el Concejo Deliberante. Esto fue potenciado en los últimos días por la difusión de supuestas escuchas relacionadas con esa causa.

Dicha presentación tiene que ver con las supuestas escuchas que desde hace un tiempo viene difundiendo una radio local y en las que aparecería involucrados desde el intendente hasta varios funcionarios en supuestas maniobras que configurarían algún delito del tipo de lavado de dinero, entre otros. De hecho, en la Justicia Federal hay una causa al respecto, aunque todavía nadie ha sido citado oficialmente por dicha cuestión.

Al respecto, Garay sostuvo que “si bien el artículo 75 permite la interpelación, este es un mecanismo que requiere un cierto consenso político de concejales” explicó. En cambio, sostuvo que “optamos por hacer una presentación, que es el pedido de juicio político que requiere solo la firma de ciudadanos”. Y argumentó que dicho pedido es avalado por el artículo 120 de la carta Orgánica Municipal.

Consultado acerca del motivo que impulsa a ambos partidos políticos a avanzar en el mencionado pedido de juicio político, Garay explicó que “el motivo es la falta de legalidad que vemos, falta de institucionalidad y además considerar que nosotros somos hijos de la democracia” dijo. Y agregó que “si queremos tener una buena calidad de vida, tenemos que tener autoridades que obren en consecuencia, que estén limpias y tengan como prioridad el bien común”.

Al respecto, Garay sostuvo también que las “escuchas” y “los problemas de maniobras que rozan la criminalidad no son buenas para la ciudad”.

En este sentido sostuvo que quienes efectuaron dicho pedido, “esperamos el esclarecimiento de la verdad. Sabemos que el juicio político es una medida grave, un remedio -dijo- pero ante la inacción de la autoridades municipales y de los bloques que dicen ser oposición, pero que hoy brillaron por su ausencia, tuvimos que tomar la decisión del pedido de juicio político”.

Asimismo manifestó que “como ciudadanos tenemos el derecho a peticionar ante las autoridades y ser escuchados y decidimos dentro de lo que es la técnica, aplicar el artículo 120 que permite que ante mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de funciones, se pueda solicitar el juicio político” argumentó.

Por su parte, el referente pachista región sur, Claudio Sandoval se refirió al tema y expresó: “nos estamos sintiendo burlados. Esta gente, que ha estado en función del gobierno en este periodo en la ciudad, tiene que dar una respuesta urgente. Salir a aclarar su situación, tanto del oficialismo como de la oposición”.

El referente del PACH explicó que “el manto de sospecha es tremendo y eso es grave” porque “nosotros creemos que, o los burlaron y no estaban para ocupar esos cargos, o son cómplices del lavado de dinero”.

Finalmente señaló que “las cosas que se hicieron públicas tienen un compromiso con la ciudadanía de salir a explicar la situación”, y que “si eso no sucede de acá a unos días se tienen que retirar de la política, dar un paso al costado”.

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