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Mauricio Macri será el primer candidato a presidente que competirá por llegar a la Casa Rosada con un procesamiento a cuestas por integrar una asociación ilícita dedicada a las escuchas telefónicas ilegales. En esa situación lo dejó la Cámara Federal, ayer, al rechazar el pedido de sobreseimiento que el jefe de Gobierno intentó, luego de que el juez Sebastián Casanello decidiera excluirlo de la elevación a juicio oral en 2014, pero lo mantuviera a la espera de cumplimentar una serie de pruebas para confirmar su eventual responsabilidad en la maniobra. En voto mayoritario, los integrantes de la Sala I del tribunal de apelaciones consideraron que quien debe decidir su situación procesal es el magistrado a cargo, y que por eso es correcto que el alcalde siga bajo investigación. Argumentaron que no es «irrazonable» el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa por su complejidad y que no hubo afectación de su derecho a defensa. El voto en disidencia de Eduardo Farah avaló su sobreseimiento.

La decisión se dilató más de lo esperado y fue recibida como un baldazo de agua fría en el PRO, días antes del balotaje porteño, pero sobre todo a tres semanas de las PASO, donde Macri es uno de los principales contendientes por la presidencia. Desde el 26 de marzo, cuando la defensa del jefe comunal había recurrido a la Cámara para ser exculpado, desde el macrismo se esperanzaban con un fallo favorable durante la campaña que le diera un espaldarazo electoral, pero que por sobre todo, alejara el fantasma de la principal causa judicial que lo tiene procesado desde el 2010 y al borde de ser enviado a juicio oral.

Derrotero

A principios de este año, Casanello había rechazado por «prematuro» desvincularlo de la causa.

Los abogados del alcalde argumentaron que Macri no tenía relación con los hechos, en la causa que detectó una estructura de inteligencia paralela amparada en el gobierno de la Ciudad, en la que se espiaba a opositores políticos mediante causas fraguadas en la justicia de Misiones, y con el uso de grabaciones de la SIDE por parte de integrantes de la Policía Metropolitana.

Aparecía vinculado por el espionaje que afectó al integrante de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein –opositor a la designación de Jorge «Fino» Palacios al frente de la Metropolitana-, y principalmente por las escuchas a su ex cuñado, Néstor Leonardo.

Su defensa consideró que Casanello –cuando decidió no enviarlo a juicio oral (marzo de 2014) y pidió una serie de pruebas adicionales- ya las había completado. Las medidas eran la declaración del ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, que desvinculó a Macri de la designación de Palacios, señalado como ideólogo de las escuchas ilegales; de Adrián Pelacchi, responsable de la firma AP Security SA, que declaró que fue contratado por el empresario Franco Macri, padre de Mauricio, para investigar a Leonardo; y un exhorto a los Estados Unidos para que The Ackerman Group LLC informe si prestó servicios para Macri. Esa respuesta no fue recibida aún por el juez.

En su lugar, Macri acudió a la Cámara con una declaración jurada del socio gerente de esa empresa, Emmanuel Ackerman -que dijo que nunca tuvo relación con él-, obtenida por un abogado particular del alcalde, en los Estados Unidos. Tanto Burstein como Leonardo se opusieron a que esa documentación fuese validada e insistieron en que Macri había sido responsable directo en ordenar el espionaje por motivos políticos y por motivos personales, respectivamente. La Sala I integrada por Farah y por Jorge Ballestero y Eduardo Freiler postergó esa definición hasta ayer, y sepultó las esperanzas de que hubiera un fallo que lo favoreciera antes del lanzamiento formal de su campaña. La justicia federal demostró que también podía tener atenazado a un expediente penal al principal candidato opositor.
En contra

Ballestero y Freiler rechazaron el pedido de sobreseimiento al entender que del exhorto cursado a los EE UU «subsisten varios de los interrogantes allí formulados» sobre todo referidos a «la función que Richard Ford (NdR: representante de The Ackerman Group en Brasil,) habría prestado para la firma, la nómina de las personas que se habrían desempeñado en este país y la metodología utilizada para ello». Por eso respaldaron a Casanello como instructor de la causa y validaron su intención de profundizar la investigación, más allá del tiempo transcurrido. «La afectación a la garantía constitucional invocada por la defensa de Mauricio Macri no es tal, por lo que el temperamento dictado por el juez de grado resulta ajustado a derecho», sostuvieron en un voto conjunto.
A favor

En su disidencia, Farah hizo una defensa cerrada del líder del PRO: «No existe en la actualidad evidencia alguna que vincule penalmente a Mauricio Macri con la actividad de la asociación ilícita acreditada en la investigación ni con las escuchas ilegales que damnificaron a Sergio Burnstein (sic) y Néstor Leonardo.» Aseguró que a su entender las pruebas van en sentido contrario y «avalan su versión de defensa sobre tales cargos, desvinculándolo al respecto».

El camarista consideró que a pesar de que en la causa «se tuvo por suficientemente acreditada la existencia de una asociación ilícita principalmente dedicada a la intervención ilegal de líneas telefónicas», en el caso de Macri es posible reevaluar su procesamiento con nuevos elementos.

Principalmente señaló las responsabilidades de Mariano Narodowsky, el ex ministro de Educación, y el aporte del testimonio de Montenegro, que pasó de imputado a testigo en el expediente. Farah subrayó que el único indagado que permanece en ese estado de indefinición es Macri, por lo que estimó que la situación procesal a adoptarse debería beneficiarlo.

Hasta hoy, los enviados a juicio son: Palacios, su ex segundo Osvaldo Chamorro, Narodowski, el ex espía Ciro James, el ex juez de Misiones José Rey, su secretaria Mónica González y los policías Antonio Fernández, David Amaral, Rubén Quintana, Raúl Rojas y Diego Guarda. Pero ese trámite tampoco parece cercano: el Tribunal Oral Federal 5 fijó recién para el 5 de septiembre de 2017 el inicio del proceso oral. «

PROCESAMIENTO

El 14 de mayo de 2010, el juez federal Norberto Oyarbide procesó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, en concurso con la participación en una asociación ilícita que se dedicaba a las escuchas ilegales.

CONFIRMACIÓN

El 15 de julio de 2010, la Cámara Federal, en un fallo unánime, confirmó el procesamiento del alcalde porteño como presunto miembro de una «asociación ilícita» dedicada a la pinchadura de teléfonos a adversarios políticos, familiares y personas relacionadas al caso AMIA. Así, avaló lo decidido por el juez de primera instancia.

A JUICIO

En marzo del año pasado, el juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio a varios acusados en el proceso: al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios; al espía y ex efectivo de la Federal, Ciro James; y al ex ministro de Educación Mariano Narodowski, entre otros. Curiosamente, el magistrado decidió postergar esa decisión en lo que respecta a Macri.

APELACIÓN Y DESPUÉS

En enero de este año, el juez Casanello rechazó un pedido de sobreseimiento de la defensa del jefe de gobierno porteño ya que consideró que resultaría «prematuro» porque aún hay pruebas pendientes de realización. El 26 de marzo, los representantes legales de Macri apelaron ante la cámara, que se expidió ayer.

EN CONTRA
JORGE BALLESTERO Y EDUARDO FREILER

«La afectación a la garantía constitucional invocada por la defensa de (el jefe de Gobierno porteño) Mauricio Macri no es tal, por lo que el temperamento dictado por el juez de grado (NdR: Sebastián Casanello) resulta ajustado a derecho.»

Entendieron que del exhorto cursado a los EE UU «subsisten varios de los interrogantes allí formulados», sobre todo referidos a «la función que Richard Ford (NdR: representante de The Ackerman Group en Brasil) habría prestado para la firma Ackerman Group, la nómina de las personas que se habrían desempeñado en este país y la metodología utilizada para ello».

A FAVOR
EDUARDO FARAH

«No existe en la actualidad evidencia alguna que vincule penalmente a Mauricio Macri con la actividad de la asociación ilícita acreditada en la investigación.»

A su entender, las pruebas van en sentido contrario y «avalan su versión de defensa sobre tales cargos, desvinculándolo al respecto».

Carlos Romero

Junto con el adiós a las boletas de papel, la implementación del voto electrónico en la Capital significó el fin del cuarto oscuro y una cercanía física entre las máquinas para emitir el sufragio y las autoridades de mesa que llamó la atención e incomodó a más de uno. A la espera del balotaje entre el PRO y ECO, esta nueva escenografía derivó en un debate, por ejemplo, a partir de las dudas de aquellos que evalúan impugnar el voto pero no saben cómo hacerlo ante la situación de exposición.

Por esta razón, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA presentará hoy un recurso de amparo para que el gobierno de Mauricio Macri asegure la intimidad de los electores y el secreto de su decisión, garantías que consideraron «violentadas» en los comicios del 5 de julio pasado.

«El derecho básico de toda democracia real ha sido violado ya que las máquinas en las que se votaba se encontraban en el mismo sitio que las autoridades de mesa, fiscales partidarios y otros votantes», sostuvo Ignacio Giménez, integrante de Alternativa por Derecho, la agrupación responsable del amparo que se interpondrá en la justicia porteña.

«La no implementación del cuarto oscuro viola la intimidad de los votantes y los deja expuestos a que terceros puedan saber a quién han votado», afirmó Giménez, quien consideró «necesario que no se vuelva a repetir» en la segunda vuelta.

Para Victoria Ávila, otra de las estudiantes de la UBA que firmó la acción judicial, «lo sucedido en la última elección en la Ciudad implica un gran retroceso, que no es propio del proceso de fortalecimiento de la democracia que se viene llevando a cabo desde terminada la última dictadura cívico-militar».

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