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Lo había presentado como una de sus promesas durante la campaña y Mauricio Macri dejó el decreto firmado antes de subirse al avión que lo llevaría a Davos: el Gobierno declaró la Emergencia de Seguridad Pública por un año, en todo el territorio nacional, destinada a “revertir la situación de peligro colectivo”.

El decreto incluye “Reglas de Protección Aeroespacial” que autorizan a las Fuerzas Armadas a derribar “naves hostiles”, luego de una serie de pasos para “identificar, advertir, e intimidar”, de acuerdo con un protocolo.

“Estamos haciendo pública una política de Estado contra el delito complejo, el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando de armas, la trata de personas, con un fuerte control del espacio aéreo y todas las fronteras”, dijo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y mostró confianza en que adherirán todas las provincias.

La funcionaria que tendrá a su cargo la implementación de la Emergencia, en la que también intervendrán las carteras de Defensa, Transporte y Comunicaciones, defendió la autorización para el derribo de aviones entre las medidas para proteger el espacio aéreo.

El Ejecutivo prepara un proyecto para enviar al Congreso a partir de marzo, durante el período de sesiones ordinarias, aunque la autorización estará vigente de inmediato. El Gobierno informó oficialmente que “serán declaradas hostiles” las naves con “entidad suficiente para perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional. El kirchnerismo la calificaba como una “pena de muerte sin juicio previo”, cuando rechazaba los reclamos para implementarla.

Otra cuestión que generará controversias, pedida por algunos sectores y criticada por otros, será la “entrada del Estado a los barrios dominados por el narcotráfico”, indicó un funcionario interiorizado en ese objetivo que, según adelantó, estará coordinado por el “Gabinete de Seguridad Humana”, se pondrá en marcha con “asistentes sociales y policías de prevención, para contener” y arrancará por Rosario, Córdoba, Capital y distintos puntos de Buenos Aires.

El decreto considera como delito complejo y crimen organizado la producción, el tráfico y la comercialización de drogas, el contrabando de armas, el terrorismo, las asociaciones ilícitas para “cometer delitos por fines políticos o raciales”, el fraude contra la Administración Pública, la prostitución de menores, la trata de personas y la extorsión, entre otros. Crea el “Operativo Fronteras” en reemplazo del “Escudo Norte”, faculta a Marcos Peña -jefe de Gabinete- a modificar partidas presupuestarias para la compra del “material necesario” para vigilar fronteras, la hidrovía, los puertos y otros gastos y autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de las cuatro fuerzas federales, con excepción de condenados por delitos de lesa humanidad, procesados o retirados por razones disciplinarias.

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