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El Gobierno Provincial junto a la Federación de Cooperativas, intendentes y el gremio de Luz y Fuerza entregarán en el día de hoy un documento conjunto a autoridades nacionales donde solicitan una reunión urgente con el ministro de Energía Juan José Aranguren a fin de redefinir las condiciones del “tarifazo” en la luz y la deuda con CAMMESA.

Es un paso más en la confrontación que venía teniendo el gobernador Mario Das Neves con la distribuidora de energía, a raíz de la deuda por 600 millones de pesos que le exigía a las prestatarias de Chubut. En contraposición, el mandatario había planteado que las obras que deberían haber llegado en materia de infraestructura eléctrica nunca se concretaron.

En el escrito al que accedió Jornada se requiere a las autoridades nacionales la “no aplicación en todos sus términos de la resolución 6 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación”. Al mismo tiempo, con el objetivo de hacer más equitativo el esquema, se pide “incrementar el consumo límite y redefinir los requisitos para el ingreso a ser beneficiario de la Tarifa Social para nuestra región Patagónica”.

Y en tercer término, “una inmediata reunión con el ministro de Energía, para reconsiderar estos temas, como así también la condonación de la totalidad de la deuda con Cammesa y AFIP de las distribuidoras eléctricas de nuestra provincia”.

En esa dirección, se muestra la preocupación por “el impacto social resultante producto de no haber considerado las particularidades de la región y el contexto emergente de la aplicación de la ya caduca Ley de Convergencia”.

Se aclara al mismo tiempo que el nivel de endeudamiento y la crisis financiera por la que atraviesan las cooperativas es “fruto del plan energético aplicado en estos últimos años por el Estado Nacional. La indiferencia e injusticia para con este sector, ha sumido a la provincia en un mar de desinversiones en obras para el sector energético, que pese a haber estado acordadas, no se han cumplimentado”.

Y ante el Plan de Convergencia Chubut tuvo “un cepo tarifario 2011/2015” y dicho congelamiento llevó a las Cooperativas a una situación límite de déficit y endeudamiento”.

Asimismo, se sostiene que hoy hay “un avasallamiento hacia las distribuidoras por parte de la Cammesa, por orden de su mandante, la Secretaría de Energía. La empresa Mayorista no solo informa del aumento de los valores de la energía eléctrica definida mediante la resolución 6/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, al cual nos oponemos rotundamente en estas condiciones”.

“Además-continúan-, nos transmite que las distribuidoras que mantengan deuda con Cammesa con una mora superior a 30 días corridos, deberán en adelante garantizar la totalidad de la deuda, más los intereses y/o el pago de sus adquisiciones mediante cesión de sus créditos por cobranza u otro mecanismo alternativo a satisfacción de Cammesa, a lo cual también nos oponemos, solicitando por la presente, la condonación total de esas deudas, como se ha efectivizado con otras distribuidoras del país”.

“Vemos un manifiesto desequilibrio entre la respuesta, y la exigencia de los compromisos asumidos, el cual entendemos de una visible injusticia, y que no hace otra cosa que continuar con la nómina de desconsideraciones que indicábamos al principio”, se afirma.

Al mismo tiempo se advierte: “Vislumbramos que la aplicación en todos sus términos de la resolución 6/2016 y 7/2016, han sido instrumentadas de forma general, y favoreciendo ampliamente a la franja central del país. Consideramos, que se continúa favoreciendo la región central del país, con la aplicación de la resolución 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, al no considerar nuestra realidad geográfica, toda vez que para poder ingresar en una tarifa social son condiciones entre otras, la no tenencia de un automóvil, de modelo menor a quince años”.

Se añade por último que “para transitar en estas regiones, por una cuestión de seguridad y de distancias a recorrer prácticamente no son utilizables de más de 15 años. Además hay restricciones para jubilados y pensionados que perciben menos de $8.300 y trabajadores que cobren menos de dos salarios mínimos, vital y móvil, $12.120 bruto, sin haber tenido en cuenta que los costos de vida en nuestra región, hoy hacen que esos valores considerados mínimos encuentren una franja de aplicación pequeña, dejando afuera una gran cantidad de familias que necesitan ser incorporadas a la tarifa social”.

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