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La oposición le declaró definitivamente la guerra al Gobierno en la Legislatura al sancionar las modificaciones al proyecto de Ley de Ética Pública, que prohíbe la designación de familiares directos, que incluye a padres, hijos, cónyuges y convivientes. La normativa alcanzaría a actuales funcionarios e hijos del propio gobernador, María Victoria Das Neves y Pablo Das Neves, ya que su aplicación “alcanza también a los nombramientos que hayan sido efectuados dentro de los últimos dos años”.

La primera respuesta del oficialismo vendría por dos caminos: la primera institucional sería el veto de la ley, por considerarla “inconstitucional”. Y la vía judicial en una segunda instancia en caso de que se insista. La normativa, que retoma un proyecto presentado por Das Neves cuando era diputado nacional en 2000, fue presentada por el FpV y tuvo un nuevo acompañamiento de Cambiemos, lo que hizo que el bloque de Chubut Somos Todos hiciera énfasis una vez más en un presunto acuerdo político entre los fuerzas políticas.

La hija de Das Neves se desempeña como subsecretaria de Modernización del Estado, mientras que Pablo, el otro hijo, es vicepresidente del Banco Chubut. Ambos estuvieron ayer por el recinto y recibieron la noticia como una nueva persecución hacia el partido de Gobierno.

Una de las discusiones que se dio en el recinto tuvo que ver con la constitucionalidad de la ley, debido a su efecto de retroactividad. El planteo fue hecho por el jefe de la bancada oficialista, Jerónimo García, quien aseguró que es una nueva “chicana” por parte de la oposición, que se suma a distintas iniciativas aprobadas ayer que busca “desestabilizar al Gobierno”.

Sobre este punto aclararon los legisladores de Cambiemos, manifestando que si bien la no retroactividad de las leyes es un concepto universal, en caso que en la redacción de las mismas figure tal aplicación hacia atrás, no habría una incompatibilidad jurídica.

La ley aprobada ayer expresa la prohibición “a la nominación o designación de familiares directos en cualquiera de las áreas funcionales, administrativas, técnicas, de maestranza, operativa y/o política, de planta permanente o transitoria del organismo o dependencia del Estado en el cual aquel cumpla funciones o cargo electivo”.

En caso de incumplimiento, habrá sanciones para el funcionario designante, que implicarán la remoción automática del designado y la prohibición de desempeñar tanto uno como el otro toda clase de cargos en el Estado Provincial por el término de cinco años”.

Discusión

La encargada de hacer los fundamentos previos a la votación fue Alejandra Marcilla. “Queremos generar una ley de Ética que incorpore y fortalezca la garantía del Estado generando sanciones para restablecer la confianza sobre los políticos”.

El bloque de Cambiemos también dio su apoyo: “La iniciativa me parece impecable. La ética es fundamental. No podemos consentir que en estos cargos se posibilite la desginación de familiares directos. Es una cuestión básica. Es obvia. Nuestro bloque acompaña plenamente”, expresó Eduardo Conde.

García salió con los tapones de punta: “Se viola el principio de retroactividad de las leyes. ¿Qué estamos haciendo? Esto es una barbaridad. Vulnera el sistema de Derecho”, aseguraba, mientras desde las barras se escuchaba: “Sólo les falta agregar a la ley los nombres de los funcionarios que quieren sacar”.

El diputado redobló la apuesta: “No estoy dispuesto a flexibilizar mi pensamiento. Es una chicana política porque la ley de Ética Pública es clara cuando fija las prohibiciones. Introducir esto está en contradicción flagrante con el artículo 16 de la Constitución Nacional. Todos sus habitantes son iguales ante la ley. Habla de cargos electivos. Adoptan el ropaje de oveja y son lobos”.

Y remató: “Le hacen un flaco favor a Dufour que fue condenada por defraudación al Estado, es una afrenta que después de ser condenada venga a hablar de ética pública por ser condenada por defraudación al Estado. Es una provocación y ponernos a todos en una situación incómoda. Tendría que haber nacido de la propia ética de esa persona que es momento de hacer silencio porque seremos el escándalo de Argentina”.

El petrolero e integrante de Chubut Somos Todos, Mario Mansilla, advirtió: “Con esta chicana muchos quedarán sin trabajo. Después no hablen que hay despidos. Por un lado los nombramos y hoy los expulsamos. Dejo claro que los que se queden sin laburo no es por nuestra responsabilidad. Nos estamos equivocando y no vaya a ser que después nos arrepintamos”.

Desde el FPV se sumó Blas Meza Evans: “No sé qué se discute y a quién se defiende. No se vulnera ningún principio constitucional con la revisión dos años para atrás”. A lo que Adrián López le contestó con ironía: “Pongamos 5 años para atrás y que devuelvan la plata los que fueron funcionarios. Es una locura de la cual se van a arrepentir”.

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