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El Gobierno, a través de los ministerios de Educación y Producción y la ANSES, define una licitación clave para la compra de más de 600 mil notebooks para el programa Conectar Igualdad por 2.500 millones de pesos. La cartera de Educación -que dirige Esteban Bullrich- pidió una rebaja en las ofertas originales a fin de llegar a una cifra que oscila entre 215 y 240 dólares por unidad y garantías de transparencia. La licitación abrió una sorda puja por el negocio entre empresas importadoras y las ensambladoras de Tierra del Fuego reunidas en la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (AFARTE).

Una primera pulseada es sobre el texto del pliego de licitación. Un sector del Gobierno “sería permeable” a que los oferentes tengan que tener una parte de producción local lo que beneficiaría a siete empresas instaladas en Tierra del Fuego, “dejando afuera, otra vez, a la competencia internacional”, según una fuente empresaria de este sector. Por esta pulseada las empresas internacionales están pidiendo una reunión urgente con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para quejarse por la posibilidad de que exista esa restricción, como en la época kirchnerista, informaron a este diario fuentes de ese sector. El problema es más complejo porque el Gobierno anuló para el año que viene el arancel del 35 por ciento a las importaciones de computadoras y tablets, lo que perjudica a las ensambladoras.

Si se mantienen esas eventuales restricciones, es posible que las empresas internacionales «no se presenten a la licitación y e impugnen todo el proceso». La extensión de la pelea empresarial podría poner en peligro la entrega de las computadoras a los estudiantes, el año que viene en medio de la campaña electoral.

La venta de computadoras portátiles al estado comenzó en el 2010 cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 459/10 que creó el programa Conectar Igualdad a través del cual unos 700.000 estudiantes por año recibían una notebook. Las licitaciones se hacían desde la ANSES y uno de los requisitos era tener producción local. Por eso, el decreto favoreció a las ensabladoras de Tierra del Fuego.

El dueño de Dinatech, Eduardo Wasi, era el enlace entre el ANSES, que financiaba el programa, y las empresas ensambladoras que proveían el producto terminado. Las otras empresas que participaban eran Newsan, Informática Fueguina, Nec, Novatech, Air, PC Art, Exxo y Coradir.

Fuente: Clarín

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