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La SCPL, prestadora del servicio de agua y cloacas en Comodoro Rivadavia, había solicitado al Concejo Deliberante la autorización de una nueva tarifa para esos servicios, a partir de un aumento introducido en el precio del agua en block que les fija Provincia.

Este ítem se incrementó de $3,12 a $5,15 por metro cúbico a partir de diciembre pasado. Con esa base presentaron un pedido de reconocimiento de un 60% más en la tarifa vigente.

El pedido de aumento fue tratado por la comisión de receso del mes de enero en el Concejo, que emitió un dictamen favorable para aplicar la suba en 3 etapas: un 25% en primera instancia, completándose con un 15% y un 20% en los meses siguientes.

La mecánica legislativa es taxativa, y todas las cuestiones aprobadas durante el periodo de receso son «ad referéndum» de la primer sesión ordinaria del año. Y en este caso puntual, el Concejo no solo que no avaló la suba en cuestión sino que además fijo un nuevo procedimiento que incluye el paso por audiencia pública.

No obstante el esquema legal necesario para que el incremento en el servicio tenga el marco legal correspondiente, en el lapso del mes de febrero distante entre el dictamen de receso y la primera sesión del año, la SCPL emitió la facturación del servicio aplicando la suba, que como se dijo no estaba autorizada.

El caso afecta a unos 30.000 usuarios, ya que en función del sistema de facturación de la prestadora, un mes se emite la boleta a la mitad de los socios y el siguiente al grupo restante.

Según confirmó ayer Fernando Lebrun, gerente comercial de la SCPL, el cobro erróneo a la mitad de los usuarios implica unos 2,5 millones de pesos adicionales. Para el grupo restante llegó a enmendarse el cobro mal imputado porque ya se había realizado la sesión que frenó la suba.

El gerente defendió la posición de la prestadora argumentando que ellos consideraron que el dictamen de enero bastaba como autorización y que ese monto que redunda en un 9% de aumento sobre la factura global «no lo cobramos de más, lo cobramos porque se había aprobado».

Hay que decir no obstante que la cooperativa deberá devolver el aumento que puso al cobro para los 30.000 usuarios mencionados, aun cuando el Concejo termine por avalar la suba. Es que en ningún caso los aumentos en materia de impuestos o servicios se aplican con retroactividad, sino que fijan valores a futuro, de modo que la prestadora recién estará autorizada a reflejar nuevos valores en la factura que emita a posterioridad de la promulgación de la ordenanza que así lo autorice.

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