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Chubut: Arcioni firmó un decreto para expulsar extranjeros que cometan delitos en la provincia

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Chubut quiere ser la primera provincia argentina que prohíba el ingreso o expulse a los extranjeros que cometan delitos o cuenten con antecedentes penales. La disposición ya generó polémica y fuertes dudas sobre su constitucionalidad.

El gobernador Mariano Arcioni firmó un decreto que plantea “disponer por intermedio del Ministerio de Gobierno la realización de aquellas medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de Chubut, de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero”.

El texto, que cuenta con cuatro artículos, también dice que será el Ministerio de Gobierno el encargado de firmar acuerdos con los organismos e “impulsar la formalización de convenios vinculados con acciones recíprocas y de colaboración con la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Presidencia de la Nación”.

LA JUSTIFICACION

En nombre del Gobierno provincial quien salió a justificar la medida fue el ministro de Gobierno, Federico Massoni, quien en noviembre del año pasado había hecho un intento de adherir al polémico protocolo de seguridad que instrumentó la ministra Patricia Bullrich.

Ahora, el decreto chubutense contempla medidas conducentes a la expulsión y prohibición ingreso de extranjeros con antecedentes penales. Dentro de este esquema también se encuentran aquellos condenados sin sentencia firme por delitos cometidos en Argentina o en el extranjero.

En este orden, las medidas se implementarán a través del Ministerio de Gobierno, que será a su vez el encargado de formalizar convenios con acciones recíprocas y de colaboración con la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Presidencia de la Nación.

Al respecto, Massoni sentenció que “si bien todos los extranjeros que vienen a progresar y a establecerse con sus familias, contarán con todo el apoyo, aquellos que tienen la intención de delinquir, no van a poder ingresar a Chubut”, sin especificar cómo se detectará la mencionada intención.

Acotó luego que “el decreto contempla la expulsión de los extranjeros que cumplen condenas o con condenas no firmes. Asimismo, prohíbe el ingreso a Chubut de los extranjeros que cuenten con antecedentes”.

En esta línea, Massoni reveló que “en la realidad actual de Chubut se demuestra que el aumento del número de delitos está relacionado con la presencia en el territorio de ciudadanos extranjero. Los chubutenses no podemos permitir la delincuencia importada ni de ningún tipo en nuestro territorio y cuando, con el esfuerzo del Estado y la Policía se los detiene, cada ciudadano aporte para mantenerlos”.

El citado decreto fue refrendado ayer en Rawson por el gobernador Arcioni, la secretaria general del Ministerio de Coordinación de Gabinete, Lucrecia Pourte, y el ministro Massoni.

LAS CRITICAS

En tanto, en La Nación el constitucionalista Andrés Gil Domínguez analizó el decreto y explicó: “es inconstitucional porque según nuestro sistema federal el manejo de las relaciones exteriores –y esto estaría dentro del mismo- es del gobierno federal. De lo contrario el país sería una confederación con derecho de secesión”.

“Las provincias no pueden adoptar decisiones territoriales como si estuvieran escindidas del Estado federal. Esta es una de ellas”, detalló Gil Domínguez, y agregó: “Disponer de la expulsión de extranjeros condenados en Chubut para mandarlos a otras provincias, implica desconocer nuestro sistema federal y las atribuciones que tiene el gobierno central. A su vez, transformaría a Chubut en una provincia secesionista. En este caso, tendría un territorio totalmente escindido del territorio federal y del resto de las provincias. Establecería una especie de frontera o aduana respecto de las otras provincias y el Estado federal. Es una barbaridad”.

Ante la consulta de si existía algún antecedente en el país de una resolución similar de alguna provincia, el constitucionalista respondió: “No recuerdo. Quizás antes de 1853”.

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