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Diego Correa y los otros cuatro detenidos quedarán seis meses con prisión preventiva

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El juez Sergio Piñeda decidió que sigan presos por seis meses, plazo que durará la investigación, los miembros de la “banda” -como la calificó el Ministerio Público Fiscal- cuyo presunto líder era el exsecretario privado de Mario Das Neves y extitular de la Unidad Gobernador, Diego Correa. Se embargaron todos los bienes del grupo, se congelaron sus cuentas bancarias y se pidió levantar el secreto bancario para poder indagar sus operaciones en el sistema financiero.
En la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia en Rawson estuvieron los cinco imputados junto con sus defensores: Correa y el empresario Sandro Figueroa, representados por Fabián Gabalachis, y Diego Lüters, Natalia Mc Leod y Juan Carlos Ramón, patrocinados por el defensor público Lisandro Benítez.
Minutos después de las 8 comenzó la audiencia de control de detención y apertura de investigación para el grupo, acusado de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito.
Los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez y Alex Williams, presentaron el caso con las evidencias recabadas hasta el momento en los allanamientos y escuchas telefónicas. Ofrecieron reproducir parte de las intervenciones pero se opuso el defensor Benítez.
Se enumeraron 18 hechos constatados con documentación de los procedimientos. Y explicaron cómo se organizaba el grupo para operar con licitaciones y contrataciones directas para refacción de viviendas oficiales y ofrecer el servicio de sonido en actos oficiales.
Estas maniobras se concretaban a través de dos empresas, relacionadas directamente a Correa: los dueños son sus familiares y su pareja. Se trata de Dual Core SRL y Sepat SRL. Como hay diversos posibles delitos, Fiscalía adelantó la posibilidad de extender el plazo de investigación al considerarlos “delitos complejos”.
El fiscal Williams explicó que el juez avaló su pedido “porque entendemos que se da claramente el pedido de fuga y el de entorpecimiento”. Aclaró que todos los imputados tuvieron durante la investigación “actos, actitudes y conductas que nos hacen pensar que hay peligro de fuga y entorpecimiento”.
En este caso “lo grave es que justamente el defalco se provoca en las cuentas provinciales”. Reconoció que es solo el inicio de la investigación. Por ejemplo, en el allanamiento de calle Marconi en Trelew “encontramos a simple vista que había más contrataciones que no teníamos registradas. La sensación es que hay un mayor volumen de este tipo de contrataciones. Pudimos ver facturas, órdenes de compra y movimientos bancarios que estaban ocultos”.
En los próximos días se convocará a otras personas cuya detención no era necesaria, pero ocurrirá porque participaron en las maniobras. Una es Giuliana Mc Leod, cuñada de Correa. Y sigue vigente la orden de captura para Daniela Souza. Se cree que está en Europa.
“Todos tienen una intervención sustancial en la investigación, con diferentes roles. Quienes figuran como testaferros son sustanciales por más que en lo cotidiano no realicen una gran cantidad de tareas, porque sin esa persona no se puede disimular la empresa. Acá había una organización delictiva que funcionaba en Casa de Gobierno y se investigan hechos graves que parten desde ahí”.
Los imputados sabían que eran investigados y que tenían los teléfonos intervenidos. Por ejemplo, Correa estaba al tanto de que un vehículo de la empresa era buscado. Pidió información al Centro de Monitoreo de Rawson para conocer los sectores que no eran cubiertos por las cámaras y poder estacionarlo.
Otro ejemplo involucra a empresarios de la zona que avisaban a los imputados de los pedidos de la Fiscalía en sus comercios. Son una concesionaria de autos y un corralón en Trelew, donde los funcionarios habían solicitado información por compras. En las escuchas los empresarios advierten a Correa.
Williams reveló que interceptaron una llamada que se podría interpretar como una amenaza al equipo de investigadores y al procurador general, Jorge Miquelarena. “Hay registros de una persona que sabe que es escuchada, lo menciona y refiere que `Ya tengo los nombres de los que nos están escuchando´; una interpretación puede ser la amenaza”.
El material irá al fiscal de turno “para que sepa que en esta causa hubo un encubrimiento de personas que hoy están fuera de la investigación y la conocieron por consultas nuestras”.
En su decisión, el juez Sergio Piñeda explicó que las evidencias de la pesquisa lo convencieron de la existencia de una asociación ilícita con un jefe, con el fin de beneficiarse del erario provincial. “Es afectación del erario a favor de particulares y hablamos del dinero del Estado provincial, es un hecho grave”. Según su decisión, “Fiscalía logró vincular a los imputados y todos tienen que ver con el aprovechamiento del erario generando empresas y realizando operaciones como venta y compra de vehículos”.
Todos los imputados poseen disponibilidad y cantidad de bienes y cualquiera puede irse del país. Por eso conceder el arresto domiciliario tampoco evitaría que se escapen. “Es de extrema necesidad que sigan con la medida de coerción. No hubo justificaciones de los defensores y ni siquiera los informes sociales que superen el interés superior de esta presunta defraudación con una calificación de tamaña envergadura”.

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