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El vocal del Tribunal de Cuentas de la UCR, Gastón Acevedo, confirmó que, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero, llegó un pedido desde el Juzgado Federal para remitir declaraciones juradas de bienes de funcionarios municipales entre ellos el intendente Néstor Di Pierro, el secretario de Infraestructura, Abel Boyero, el secretario de Gobierno, Claudio Jurdana, el secretario de Tierras, Alberto Parada, y el concejal Juan Pablo Luque. Dijo que “ese mismo día se contestó el oficio” y en contacto con Actualidad 2.0, manifestó que todos ellos habían cumplido con la presentación y que sólo “al intendente le faltaba la del período 2014; había sido intimado antes de que llegue el pedido judicial y fue cumplida esa intimación”.

Acevedo aseguró que se entregó la documentación solicitada “ese mismo día”. Aseguró que es “la primera vez desde 1991 que el Tribunal exigió a todos los funcionarios la presentación de las declaraciones juradas”. Por otro lado, anticipó que se someterán a investigación como funcionarios públicos poniendo a disposición de la justicia “toda nuestra actuación respecto al tema” ya que en una de las escuchas se plantea cierta anuencia del Tribunal de Cuentas y “se involucra a todos los poderes”: Este viernes por la mañana, el viceintendente Carlos Linares aseguró sobre las escuchas telefónicas que “hay un tinte político detrás”.

“El 13 de febrero de este año ingresó al Tribunal de Cuentas un pedido de remisión de declaraciones juradas de determinados funcionarios públicos y ese mismo día fue contestado el oficio y remitido al Juzgado Federal donde entienden en la causa. Fue contestado en el mismo día porque el Tribunal desde que se creó en diciembre de 1991 es la primera vez que exigió a todos los funcionarios la presentación de todas las declaraciones juradas.  En las anteriores gestiones hubo incumplimientos” con lo que manifiesta la Carta Orgánica y la ordenanza de ética pública.
“Cuando uno ve los antecedentes históricos ve que no existía este cumplimiento en gestiones anteriores”, aseguró.
“Hay un segundo oficio del Juzgado donde piden que informemos quiénes fueron los funcionarios que omitieron presentar declaraciones juradas que también lo contestamos rápidamente sobre quiénes ya habían sido intimados a presentarlas. Eso fue cumplido también”, manifestó.
Acevedo agregó que los funcionarios sobre los que se requirió información fueron “el intendente (Néstor Di Pierro, el secretario de Obras Públicas, Abel) Boyero, (el secretario de Gobierno, Claudio) Jurdana, (el de Tierras, Alberto) Parada y (el concejal del FpV Juan Pablo) Luque”.
Dijo que todos ellos habían cumplido con la presentación y que sólo “al intendente le faltaba la del período 2014; había sido intimado antes de que llegue el pedido judicial y fue cumplida esa intimación”.
“A nadie escapa lo que está ocurriendo. En muchos aspectos estamos dando a publicidad todo lo que hace el Tribunal, los expedientes que ingresan, y en este caso en particular uno de mis objetivos y del resto de los vocales era que se respete el tema de que cuando uno ingresa a la función pública diga con qué bienes ingresa y sale”, resumió.
SANCIONES
Explicó que en caso de no presentar la documentación requerida “se realiza una intimación” y si el funcionario no cumple “se aplica una sanción económica de 25 mil módulos y si no cumple con la entrega de su declaración jurada se procede a separarlo del cargo e inhabilitarlo para que siga en funciones públicas”.
“Tomamos esto como una política pública y coincidimos con los otros dos vocales porque hubo que intimar, hacer una especie de pedagogía respecto al cumplimiento de las ordenanzas”, manifestó y mencionó entre quienes están obligados a presentar las declaraciones juradas al intendente, vice, secretarios, concejales, jueces del Tribunal de Faltas, asesores políticos, secretarios legislativos y directores de entes descentralizados.
“Es un trabajo arduo porque hay que modificar algo porque estamos muy atrasados. Las declaraciones juradas se presentan en sobre cerrado con sello lacrado y sólo pueden abrirse ante una denuncia penal”, comentó Acevedo y dijo que hay dos antecedentes al respecto: “cuando hubo una denuncia por enriquecimiento ilícito al señor Roque Cambareri y ésta es la segunda” vez que la justicia solicita estas declaraciones.
La información no está abierta al control de la sociedad como sí ocurre con funcionarios nacionales, afirmó el vocal. “Hay una tarea para hacer; hemos generado una web con toda nuestra actuación y una de las deudas del sistema es ésta. Estamos elevando una propuesta imitando lo que existe en el Tribunal de Cuentas de Mendoza, donde con una presentación on line el funcionario presenta todos sus bienes con carácter de declaración jurada y en algunos puntos puede darse publicidad respecto a eso”.
“Tenemos que estar todos abocados a esto para que la gente crea que los distintos organismos no son cerrados; las leyes están, hay que perfeccionar algunas”, manifestó.
Dijo que también brindaron una recomendación en su momento en torno a la Secretaría de Seguridad para delimitar mejor las funciones. “Ahí termina nuestra actuación, en realizar la recomendación que fue elevada al Ejecutivo y está en análisis”.
VINDICACIÓN 
Comentó además que “hemos decidido salvaguardar la actuación de un organismo como es el Tribunal de Cuentas que funciona muy bien y a raíz de todas estas cuestiones en donde personas invocando nombres de terceros podrían estar haciendo alguna situación presentaremos una acción de vindicación ante el fiscal de turno para que investiguen la actuación del Tribunal y en particular con respecto a una de las personas que están invocando de una de las empresas para que vean cuál ha sido nuestra actuación”, abrevió.
Afirmó que en una de las escuchas se plantea cierta anuencia del Tribunal de Cuentas y “con todo el Estado, se involucra a todos los poderes. Es bastante difícil de creer; como consecuencia de eso no podemos hacernos los distraídos porque no sólo está el respeto que merecemos sino una institución que trabaja muy bien”.
“Los distintos poderes deben intervenir. Entiendo que la Justicia tiene sus tiempos y procedimientos pero debe haber una decisión judicial para no dañar a las instituciones. Si hay responsables deberán ser condenados, darles el derecho de defenderse y punto”, resumió.
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