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La iniciativa que trabaja la concejal Viviana Navarro avanzaría sobre un registro de personas que operen Vehículos Aéreos No Tripulados. También en normativas vinculadas a su utilización en diferentes espacios urbanos. La legislación municipal contará con el apoyo de la Administración Nacional de Aviación Civil, organismo que impulsó la primera resolución en el país para el uso de este tipo de aparatos. La regulación nacional es vista con buenos ojos por quienes los operan, pero genera incertidumbre, sobre todo en la aplicación del control y la contratación de seguros contra terceros.

n la última edición de la final nacional del Tecnotur II, el concurso federal de desarrollo tecnológico que contó con la participación de 350 delegaciones de todo el país, uno de los equipos regionales presentó un proyecto de fabricación de “Drones de Pronta Asistencia” (DPA), que tiene como misión ayudar a personas que corran peligro de vida en zonas donde los medios de transporte convencionales se vean obstaculizados. En Ruanda, Africa, mientras tanto, se avanza en la construcción de un “droneport”, un aeropuerto que servirá para que estos pequeños aviones no tripulados puedan aterrizar sin inconvenientes en sus misiones sanitarias y de provisión de suministros en lugares inaccesibles.

Informe: El Patagónico.
Este es parte del futuro de los Vehículos Aéreos No tripulados (VANT) los cuales llegaron para quedarse, obligando a generar nuevas políticas de regulación del espacio aéreo, analizar las legislaciones vinculadas a la privacidad y la intimidad, y crear nuevas coberturas de seguros aptas para cualquier tipo de siniestro en que puedan estar involucradas.

En la Argentina, en noviembre entrará en vigencia la resolución 527/2015, la primera normativa de este tipo, mediante la cual la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reglamenta los requisitos y límites que deberán cumplir aquellos profesionales y amateurs que utilicen estas naves.
Con su aplicación llegará también la necesidad de controlar y legislar a nivel municipal para poder colaborar con el cumplimiento de los límites. Es que si bien la resolución es un avance en materia de espacio aéreo y control, constituye el primer paso para un camino que sólo algunos países han iniciado y que recién en 2018 la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) espera reglamentar.

Por lo pronto, según pudo confirmar El Patagónico, en Comodoro Rivadavia ya se trabaja en un anteproyecto de ordenanza. La concejal Viviana Navarro, del Frente Para la Victoria (FPV) -quien hace unas semanas desmintió haber mencionado el proyecto en el recinto-, es quien avanza en la temática junto con la ANAC.
“Hoy hay un vacío legal en la ciudad, por eso es necesario instrumentar una normativa. Ya pedimos una reunión con la gente de la ANAC para adherir a esa resolución, y estamos esperando poder reunirnos para avanzar”, explicó la edil.

“Obviamente se tiene que tener un registro de las personas que manejan los drones, que haya un responsable de ese aparato. También hay que tener cuidado porque está muy lindo filmar el mar, pero hay mucha gente que no le gusta que la filmen, y ahí empiezan a conjugarse los derechos de las personas y la intimidad”, agregó, haciendo referencia a una práctica que crece, pero que también afecta la intimidad de las personas lo que está delimitado por el nuevo Código Civil y Comercial (ver recuadro).

LOS LIMITES DE VOLAR

Según se pudo confirmar en Chubut hay más de diez profesionales que se dedican a la captura de imágenes con drones para fotografía, publicidad o como servicio para empresas.

Cinco de ellos se encuentran en Comodoro Rivadavia. Uno es Hugo Méndez, propietarios de Horus UAV imágenes aéreas, una firma que desde hace 8 años se dedica a la prestación de servicios para empresas.
Consultado por este diario sobre la nueva regulación, Méndez fue categórico, y pese a aceptar que es una nueva iniciativa, duda de su buena aplicación. “Hoy no hay nada, hay una reglamentación que no está vigente y que las empresas ya la están pidiendo. Para hacer un trabajo ya te piden la reglamentación y recién si Dios quiere en diciembre estará vigente”, se quejó.

“Entonces falta reglamentarla, y la pregunta es ¿cómo me controlás vos a mi que soy una empresa, pero cómo controlas a una persona común que está volando?”, cuestionó. “También hablan de un seguro de vuelo, pero en las empresas no saben nada, y esto pasa en todo el país”, agregó, para sentenciar: “es necesario que haya una reglamentación y tiene que ser urgente”.
¿Pero cuáles son los límites que tendrán quienes operen este tipo de naves? Según dicta la resolución de la ANAC, en primer lugar todos aquellos profesionales que quieran operar un vehículo de estas características deberán solicitar autorización a esa entidad, con excepción de los vehículos pequeños con fines deportivos y recreativos.
De esa forma, también deberán cumplir las exigencias que impone la utilización del espacio aéreo. Entre ellas figura no volar en espacios aéreos controlados, corredores visuales, helicorredores, áreas sensibles al ruido, áreas de influencia de la senda de aproximación o de despegue de un aeródromo; zonas prohibidas, densamente pobladas o con aglomeración de personas. También en áreas restringidas o peligrosas que se hayan establecido como tales.

Tampoco lo podrán hacer a una distancia menor a un kilómetro del límite lateral de un corredor destinado a operaciones realizadas según reglas de vuelo visual y del límite lateral de un helicorredor, ni a menos de 500 metros del límite lateral de un helipuerto.

Además estarán prohibidos los vuelos acrobáticos. Sin embargo, todas estas reglas tienen excepciones, ya que previamente el operador puede pedir autorización especial a la ANAC.

De esa forma, los propietarios de VANT’s sólo podrán operar a una altura máxima de 122 metros (400 pies) sobre el nivel del terreno, y a 43 metros cuando operen debajo de un espacio aéreo controlado o dentro de un radio de 5 kilómetros del centro geométrico de la pista de un aeródromo. Es obligatoria su operación en horario diurno y en condiciones meteorológicas visuales que garanticen su seguridad.

Mientras, quienes los utilicen con fines recreativos o deportivos, deberán ser mayores de 16 años, y en ese caso contar con la “supervisión directa de un mayor de edad responsable por sus actos y omisiones”, ya que la operación “será responsabilidad de quienes la lleven a cabo o faciliten”, respondiendo incluso por los daños y perjuicios que puedan provocar a terceros durante sus operaciones.

UN REGISTRO Y UNA DUDA

Más allá del uso, todos los propietarios de drones deberán inscribirse en un registro especial, que será organizado y administrado por el Registro Nacional de Aeronaves. En algunos casos también deberán superar una evaluación de aptitud psicofisiológica certificada por un hospital público, la cual será acreditada cada dos años. Mientras, los vehículos deberán llevar una placa de identificación inalterable fijada a su estructura, que indique su identificación, número de serie o de manufactura, y nombre y domicilio del propietario y del operador.
Además quienes lo realicen en forma profesional estarán obligados a contratar un seguro de responsabilidad por los daños a terceros que pudiera ocasionar su operación, algo que preocupa a más de un operador por los costos que impone una póliza aeronáutica de este tipo.

Esto ha llevado incluso a consultar con abogados, tal como confirmó Carlos Jurich, uno de los letrados consultados que en la última semana emitió un dictamen en Comodoro Rivadavia a pedido de un operador, para saber cuáles son los límites de la actividad y contar con un respaldo legal.

“La reglamentación es adecuada, es bueno que empiece a funcionar, pero uno de los baches que tiene es que equipara los requisitos de seguro a los de las aeronaves convencionales. En este punto no existe un seguro específico y la nave asegurada de menor peso es de una tonelada por lo que es bastante costoso, entonces parecería no tener una relación razonable entre la capacidad de daño y el costo del seguro”, señaló consultado por este diario.

“Pero hay que aclarar que esta es una reglamentación provisional que está sujeta a modificaciones y esto tiene una interrelación con la Superintendencia de la Nación que junto a las compañías aseguradoras van a tener que pensar la creación de pólizas especiales”, agregó el abogado.

Confirmó que lo mismo sucederá con el espectro radioeléctrico, a partir del radiocontrol que utilizan estas naves para operarlas, por lo que la CNC (Comunicación Nacional de Comunicaciones), quizás también tenga que realizar modificaciones a su legislación a futuro.

Lo real es que más allá de las interpretaciones y baches, la resolución de la ANAC marca un primer paso hacia un camino que se profundizará en el tiempo, con mayor presencia de estas naves tanto por hobby como por representar en muchos casos una herramienta de trabajo audiovisual.

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