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El ministro de Energía, Juan José Aranguren, difundió la nueva propuesta sin precisar cómo llegó al valor establecido para el precio del gas en boca de pozo. Debate si el Gobierno respeta el criterio de “razonabilidad” reclamado por la Corte.

“La propuesta del Gobierno en relación al nuevo cuadro tarifario se parece más a una negociación entre dos empresas que a la fijación de una tarifa de un servicio público. Insisten con la idea de no abrir los números de costos de las petroleras”, señaló a Página/12 Claudio Boada, de la entidad Unión de Usuarios y Consumidores, en relación al aumento promedio del 203 por ciento interanual para el mismo nivel de demanda propuesto anteayer por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

“Es poco serio, el Gobierno difunde estos números a los medios y ni siquiera están los datos en el expediente de la audiencia pública, que es donde se tendrá que discutir el aumento”, dijo Pedro Bussetti, de Deuco. Ayer el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, adelantó que los usuarios no residenciales también se beneficiarían de menores aumentos, aunque el Gobierno rectificó esa información y aseguró que continúan los topes del 400 y 500 por ciento (ver aparte).

Aranguren presentó el lunes ante un grupo de periodistas una nueva apuesta del Gobierno para desactivar la presión en contra del tarifazo. Según los datos oficiales, el precio del gas en boca de pozo que remunera a las petroleras había subido en abril de 1,29 a 4,72 dólares el millón de BTU, mientras que ahora la propuesta es elevarlo hasta los 3,42 dólares. Luego se actualizaría semestralmente hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. Si se mantiene el nivel de consumo en relación al año pasado el aumento promedio sería del 203 por ciento, es decir que las facturas se triplicarían. Este esquema no contempla topes, por lo que si el consumo aumenta, también se eleva el incremento, que es justamente lo que sucedió este año.

Durante la jornada de ayer, el ministro de Energía repitió la presentación de los datos ante el bloque de diputados de Cambiemos, desde donde surgió la versión que relató Pinedo. Aranguren también recibió junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti, y al secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, a un grupo de legisladores de la oposición y a defensores del pueblo.

El nuevo cuadro tarifario que impulsa el Gobierno supone boletas de gas que van desde los 130 a 1170 pesos. El primer segmento de consumo, que agrupa al 56 por ciento de los usuarios, recibirá una suba del 237 por ciento. Al 31 por ciento siguiente de usuarios se le aplica una suba del 235 por ciento mientras que al 13 por ciento restante, un incremento del 122 por ciento. La distribución del aumento de tarifas es regresiva porque los segmentos de mayor consumo ya habían recibido quitas de subsidios, justifican en el Gobierno. “En meses fríos como julio o agosto, el 37 por ciento de los hogares pagará menos de 250 pesos mensuales”, dijo Aranguren. Agregó que “el objetivo del aumento de tarifas es disminuir subsidios y generar condiciones para que más gente tenga acceso a gas natural”, en relación a las supuestas inversiones que realizarían las empresas ante la mejora en su rentabilidad, relación que no está para nada probada.

El Gobierno busca instalar que la nueva propuesta contempla el llamado a la “razonabilidad” que realizó la Corte Suprema en su fallo que anuló el aumento del gas. Entonces el 200 por ciento de aumento para el mismo nivel de consumo sería más lógico que las subas anteriores.

“No me parece que esté claro que la nueva propuesta cumpla con la idea de la razonabilidad porque no hay ningún tipo de estudios de parte del Gobierno que refleje el impacto de la suba de tarifas sobre el presupuesto de distintos tipos de usuarios, como asalariados, monotributistas y jubilados. La razonabilidad tiene que ver con el impacto sobre los usuarios”, explicó a este diario Claudio Boada.

Además, uno de los puntos más importantes del fallo de la Corte consiste en la celebración de la audiencia pública para debatir el precio del gas en boca de pozo y la retribución para el transporte y la distribución. Los magistrados enfatizaron que ese encuentro no debe ser una mera formalidad sino una instancia real de participación de la ciudadanía. En este punto, el panorama no luce bien.

“El Ministerio de Energía volvió a hacer una oferta. Pero sigue sin cumplir con el pedido de la Corte Suprema de poner a disposición de los usuarios la información sobre cómo se forma el precio en boca de pozo. Nos sorprende que el Gobierno continúe insistiendo con ese criterio de no discutir los números”, consideró Boada.

En tanto, Bussetti planteó que “la información debe estar volcada en el expediente de la audiencia pública. A menos de diez días de la audiencia sólo contamos con las propuestas de Transportadora Gas del Sur y del Norte (TGS y TGN), que sugieren aumentos del 218 por ciento y las de Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi, que piden ratificar el cuadro tarifario de abril”. Además, Bussetti advirtió que en la audiencia deberían también ser analizadas las tarifas para los usuarios no residenciales, a pesar de que la Corte los excluyó de su fallo.

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