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Buzzi está acusado de “administración fraudulenta” por otorgarle 10 millones a Segundo cuando este era presidente de Alpesca y sólo devolvió 1,5 millones. Entre los acusados se encuentran Gabriela Dufour, Carlos Eliceche, Carlos Zudaire, el directorio de CORFO y el empresario Omar Segundo, entre otros.

La abogada porteña Valeria Corbacho, que patrocina a Buzzi, ya había pedido la recusación de los fiscales, pero la medida fue rechazada por el Procurador Jorge Miquelarena. En este caso, solicitan ante el juez de la causa la revisión de la decisión de Miquelarena. El argumento se basa en una entrevista realizada a los síndicos de CORFO en la cual sostienen que se perdió objetividad. “Estaban tomando mate”, ejemplificó la letrada entre sus argumentos.

Los fiscales Báez y Pereira replicaron que la resolución de Miquelarena es ajustada a derecho. “Es mentira lo que dice la defensa. Mienten abiertamente cuando dicen que el Banco era agente de retención. El mutuo autorizaba al Banco, pero nunca hicieron la presentación al Banco. Ni el gobierno del señor Buzzi ni CORFO, que respondía al gobierno de Buzzi, lo presentaron al Banco”, replicó Báez y agregó que “va a ser debatido en juicio”. “Espero que no se sigan demorando los tiempos procesales”, solicitó finalmente el fiscal.

El siguiente caso procesal será realizar la audiencia preliminar donde se analizará la elevación de la causa a juicio oral y público.

EL CASO

La causa judicial es por el préstamo de 10 millones de pesos del Estado provincial, a través de CORFO al empresario Omar Segundo, quien por entonces era el presidente de la empresa Alpesca SA. Del crédito, sólo se devolvió 1,5 millones. Desde la Fiscalía indicaron que no se cuestiona “el destino de los fondos sino la forma en que se otorgó, contrariando las leyes vigentes”.

La calificación es por “fraude en perjuicio de la administración pública”, ya que los fiscales sostienen que “existió un despliegue de actos engañosos a fin de aparentar legalidad a un acto de disposición patrimonial del Estado que en realidad no la tenía, contraviniendo las disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico –CORFO- de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”.

Respecto a Segundo, los fiscales indicaron que el mismo “tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el “préstamo”, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO”.

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